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Hace menos de una semana, se presentó ante la sociedad —y de manera especial ante el propio Gobernador del Estado— el arsenal con el que cuenta la policía para enfrentar a la delincuencia. Fue, sin duda, una demostración del poder operativo y de la capacidad de respuesta. Sin embargo, la fortaleza institucional no se mide únicamente por el equipamiento, sino por la coherencia entre el uso de ese poder y el respeto a los derechos humanos. Estos principios no son una mera declaración de buenas intenciones: constituyen obligaciones que, al incumplirse, minan la confianza ciudadana y erosionan la legitimidad del Estado.

 

En este contexto, el reciente video en el que se observa a un elemento del Grupo Especial Pakal golpeando a una persona detenida no solo refleja una conducta abusiva, sino también una incongruencia grave en quienes deberían representar la ley y el respeto que tanto se exige a la sociedad. Se trata de una acción que, además de atentar contra la dignidad humana, exhibe una doble moral institucional que no puede normalizarse.

 

Las demostraciones de fuerza del Estado cumplen una doble función: proyectar autoridad y disuadir conductas delictivas, pero también moldear la percepción colectiva sobre quién ostenta el poder y cómo lo ejerce. Cuando esa imagen no se acompaña de prácticas policiales coherentes y respetuosas, se corre el riesgo de que la autoridad sea percibida como un aparato de intimidación y no como una garantía de protección. La legitimidad no se gana imponiendo miedo, sino construyendo confianza, transparencia y participación social.

 

Este caso no debe limitarse a sancionar al agresor directo: es imprescindible que la investigación alcance a toda la cadena de mando y a quienes, por acción u omisión, permitieron o toleraron el abuso. En las instituciones de seguridad, el silencio y la inacción son tan nocivos como la agresión misma.

 

Por ello, resulta urgente que, de manera inmediata, se active el Protocolo de Estambul para documentar y certificar cualquier posible acto de tortura o trato cruel, y que se inicie la carpeta de investigación correspondiente con la debida diligencia. Solo así se podrá garantizar verdad, justicia y reparación, evitando que este hecho se diluya en declaraciones sin consecuencias y reafirmando que, en un Estado de derecho, la impunidad no es una opción.

 

 

CRUZ ISLAS ABOGADOS