Para todos es bien sabido que las concesiones de taxis en México —y particularmente en Chiapas— han representado históricamente un privilegio para unos cuantos. Su asignación responde más al mejor postor que a criterios de modernización, eficiencia o servicio al ciudadano. Esta realidad ha generado una profunda crisis en materia de transporte público, evidenciada en dos factores: precio y confort.
Un parque vehicular rezagado
Basta con mirar el parque vehicular: la mayoría de las unidades no rebasan el modelo Tsuru de Nissan, cuya última generación se produjo en 2017. Vehículos antiguos, sin clima, sin seguridad y con tarifas que poco reflejan la calidad del servicio ofrecido.
La irrupción de Uber y Didi
En 2021, Uber irrumpió en Chiapas con una propuesta atractiva: autos nuevos, con aire acondicionado, precios bajos y funcionalidades tecnológicas que ofrecían al ciudadano un servicio más confiable, cómodo y predecible.
La competencia no tardó: Didi, otra plataforma tecnológica, ingresó con tarifas aún más bajas que Uber. Su llegada puso en jaque el esquema tradicional: los taxis concesionados, acostumbrados a operar sin competencia real, se enfrentaban a un servicio más eficiente, moderno y accesible.
La respuesta ciudadana fue clara: migrar masivamente hacia las plataformas. Uber y Didi no solo ofrecían movilidad, ofrecían dignidad en el traslado diario.
El Estado reacciona: redadas y reformas legales
Este cambio de paradigma alarmó a la Secretaría de Movilidad y Transporte. El negocio —históricamente controlado— se tambaleaba. Entonces comenzaron las redadas, las detenciones de vehículos y las advertencias veladas: “no permitiremos que nos quiten el negocio”.
La reacción legislativa no tardó. El 18 de junio de 2025, mediante la Adición P.O. 045, se reformó la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, creando un nuevo Capítulo II Bis, que regula estrictamente el “Servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer” (artículos 117 Bis, Ter y Quater).
Entre las nuevas obligaciones destacan:
- Registro obligatorio de las empresas ante la Secretaría.
- Constitución legal exclusiva con objeto de movilidad.
- Pago de derechos y obtención de constancias anuales.
- Inclusión en padrones permanentes.
- Capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género.
- Aportación de 1.5% de cada viaje a un fideicomiso estatal, so pena de revocación del registro.
- Prohibición de hacer sitio en vía pública.
- Inspecciones constantes y validación vehicular anual.
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¿Regulación o control económico?
A simple vista, estas medidas parecen buscar orden. Pero en el fondo, revelan una intención clara: recuperar el control económico que las plataformas les arrebataron. El cobro obligatorio del 1.5% por viaje —un verdadero impuesto disfrazado de aportación— es un ejemplo contundente.
Desde una óptica constitucional, este requisito puede considerarse abusivo. No responde a un servicio público directo ni a una contraprestación real; más bien, traslada a las plataformas una carga económica que beneficia al propio Estado y a los concesionarios tradicionales, vulnerando principios de proporcionalidad y razonabilidad.
“Mesas de diálogo”: el viejo truco
Hace unos días fuimos testigos de una confrontación abierta entre conductores de Didi y taxistas. La mayoría ciudadana respaldó a las plataformas, y no es para menos: representan un mejor servicio.
Sorprende, sin embargo, la rapidez del Estado para “apaciguar” a los inconformes mediante las conocidas mesas de diálogo. Un mecanismo político no regulado legalmente, que en la práctica sirve para ganar tiempo y diluir conflictos. Se ofrecieron promesas que, como tantas veces, no tienen sustento jurídico ni financiero real. Fue, más que un acuerdo, un discurso de contención.
Un cambio necesario
Si se quiere cumplir con esas promesas y realmente modernizar el transporte, no basta con discursos. Se requiere una reforma profunda, que abrogue capítulos legales claramente diseñados para proteger intereses económicos de grupos privilegiados y que reconozca que las plataformas digitales son parte irreversible del futuro de la movilidad.
En un Estado democrático y constitucional, la regulación no puede ser excusa para el control abusivo. Las reglas deben promover la competencia, proteger al usuario y garantizar un servicio digno, no sostener estructuras caducas que frenan la transformación.
Manuel Alejandro Cruz Islas
Abogado – CI Abogados.
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