Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, ha dejado de ser solamente un centro administrativo y comercial para convertirse también en un territorio donde la violencia y la criminalidad se manifiestan de manera cada vez más evidente.

 

Durante los últimos años, esta ciudad ha sido escenario de hechos que confirman una realidad que no podemos seguir ignorando: homicidios dolosos al alza, desapariciones, ataques directos contra autoridades, extorsiones y la creciente presencia de grupos criminales que disputan rutas estratégicas de tráfico de drogas, migrantes y armas.

 

Tan solo en 2024, los homicidios en Chiapas aumentaron más del 50 % en comparación con el año anterior, mientras que la percepción de inseguridad en Tuxtla supera el 60 %. No se trata de percepciones aisladas. Se trata de datos, de víctimas concretas y de comunidades que viven con temor y con una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.

 

Aunque el Estado ha desplegado operativos y fuerzas especiales, la desconfianza ciudadana crece ante un panorama de impunidad casi absoluta. Más del 90 % de los delitos no se denuncian, y quienes se atreven a hacerlo, frecuentemente se enfrentan a la indiferencia o la incapacidad institucional.

 

Es importante reconocer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno también enfrentan desafíos históricos: falta de recursos suficientes, procesos de depuración interna y un contexto geopolítico complejo que rebasa capacidades locales. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y de proteger los derechos humanos no es optativa. Es un mandato constitucional consagrado en los artículos 14 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la obligación de investigar los delitos con rigor técnico y con respeto irrestricto a la dignidad de las personas.

 

Desde una perspectiva política y social, resulta indispensable que se fortalezcan los mecanismos de control democrático sobre las corporaciones policiales, que se generen contrapesos reales y que la ciudadanía pueda incidir de manera efectiva en la vigilancia de la actuación pública. El diseño de políticas públicas de seguridad debe sustentarse en diagnósticos objetivos, indicadores medibles y procesos de evaluación permanentes que permitan identificar con claridad qué estrategias funcionan y cuáles deben reorientarse.

 

Hoy Tuxtla Gutiérrez es un lugar donde sí existe actuación criminal y donde la ciudadanía requiere respuestas claras, planes de prevención eficaces y voluntad política para enfrentar los intereses que históricamente han protegido la corrupción y la impunidad. Reconocer esta situación es el primer paso para exigir resultados y para recuperar la confianza social en las instituciones.

 

Desde este espacio, hacemos un llamado firme pero respetuoso a que los liderazgos políticos ejerzan su responsabilidad con madurez, a que se privilegie el interés colectivo sobre cualquier cálculo electoral y a que se fortalezcan los canales de diálogo con la sociedad civil organizada, la academia y los medios de comunicación. Solo con compromiso compartido, visión de Estado y participación ciudadana podremos garantizar que la capital chiapaneca transite hacia un futuro donde la paz, la legalidad y la justicia social sean una realidad cotidiana.