En México, la modernización de los servicios públicos no es un tema de futurismo, sino de cumplimiento de acuerdos previamente adoptados. Un ejemplo claro es el caso de las licencias de conducir digitales.
El antecedente jurídico.
En el año 2021, durante la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema de Seguridad Pública (CNSSP), se aprobó un Modelo Homologado de Licencia de Conducir Digital. Dicho acuerdo representó un consenso nacional para dar un paso hacia la digitalización, con el propósito de garantizar mayor seguridad en la identificación de conductores, reducir costos administrativos y simplificar trámites.
Este modelo homologado no es un simple proyecto: es una decisión adoptada por las autoridades federales y estatales en materia de seguridad pública, lo que le otorga un sustento jurídico y político que debería haber impulsado su implementación inmediata en las entidades federativas.
El principio de progresividad
De acuerdo con el artículo 1º constitucional, el Estado mexicano está obligado a garantizar el principio de progresividad de los derechos. Esto significa que, una vez que se reconocen o aprueban medidas que mejoran el acceso a un derecho o servicio, estas no pueden quedar en retroceso o en la inacción administrativa.
Mantener el viejo esquema de licencias físicas, cuando ya existe un acuerdo nacional para avanzar hacia el modelo digital, no solo representa un rezago tecnológico, sino que puede interpretarse como una falla en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado.
El problema político
¿Por qué, si existe el marco jurídico, no se ha avanzado? La respuesta es política. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, la ausencia de voluntad de modernizar los servicios públicos y la resistencia a abandonar esquemas burocráticos tradicionales han detenido un proceso que ya estaba validado.
En ciudades como Tuxtla Gutiérrez, seguimos observando largas filas, trámites en ventanilla y la dependencia de un documento físico que, en muchos casos, es fácilmente falsificable. El costo social de mantenernos en ese esquema es enorme: ciudadanos que pierden tiempo, recursos económicos y confianza en un sistema que debería servirles.
Modernización como necesidad, no como opción
La licencia digital no es un simple capricho tecnológico. Representa un paso hacia la eficiencia administrativa, la seguridad jurídica y la accesibilidad ciudadana. En otros países y en algunos estados de la República se han dado ya pasos firmes en este sentido, demostrando que es posible y que los beneficios superan con creces cualquier resistencia inicial.
En el caso de Chiapas y particularmente en Tuxtla, no hay justificación para no haber implementado un modelo que ya cuenta con respaldo legal y técnico. Lo que falta es voluntad política para dar el paso que la sociedad demanda.
Reflexión final
La modernización de los servicios públicos no debe depender de la discrecionalidad de las autoridades en turno. Existe un acuerdo nacional, existe un marco jurídico válido, y existe una ciudadanía que clama por procesos más ágiles y transparentes.
La pregunta es clara y urgente: si desde 2021 se homologó el criterio para que las licencias digitales fueran una realidad en todo el país, entonces, en Tuxtla, en Chiapas y en México entero, ¿qué estamos esperando?
